La Ley de Movilidad Sostenible (LMS) marca un punto de inflexión en la forma en que España planifica y gestiona su sistema de transporte. Tras un largo proceso legislativo, esta norma no solo moderniza el marco jurídico, sino que también establece una hoja de ruta para alinear al país con los objetivos europeos de descarbonización y resiliencia económica.
La relevancia de esta ley se mide en dos dimensiones: la transformación interna que impone a la gobernanza y a los actores económicos, y su papel como requisito clave para asegurar el acceso a cerca de 10.000 millones de euros de financiación europea del mecanismo NextGenerationEU.
Vamos a revisar los puntos estratégicos de la LMS, su impacto directo en empresas, sociedad y administración, y los desafíos que aún deben superarse para asegurar su efectividad.
Pilares de la ley de movilidad sostenible
La LMS abandona el concepto tradicional de «transporte» para abrazar una visión más integral de la «movilidad», estructurándose sobre cuatro pilares estratégicos fundamentales:
Movilidad como derecho y cohesión social
Por primera vez, la movilidad se consagra legalmente como un derecho social indispensable de toda la ciudadanía. Este principio rector obliga a las administraciones a garantizar un sistema de movilidad justo, inclusivo y accesible, que facilite el libre ejercicio de derechos constitucionales como el acceso al empleo, la educación y la sanidad, especialmente en la movilidad cotidiana.
En términos de equidad, la Ley pone especial énfasis en la lucha contra la «pobreza de transporte», aquella situación que afecta a hogares con bajos ingresos que no pueden costear los desplazamientos necesarios. Para abordarlo, se pide la elaboración de una Estrategia Estatal contra esta problemática, buscando mejorar los servicios en zonas y colectivos vulnerables y en entornos rurales o de baja densidad de población.
Sostenibilidad ambiental
El segundo pilar busca la transformación ecológica del sector. Dado que el transporte es responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España (alrededor del 29%-32% del total), el objetivo es alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
Para lograrlo, la LMS introduce la descarbonización progresiva y establece una jerarquía clara de prioridades en el ámbito urbano, que debe guiar la planificación y las inversiones:
- Prioridad 1: Movilidad activa (a pie, y en bicicleta o ciclo).
- Prioridad 2: Transporte público colectivo.
- Prioridad 3: Esquemas de movilidad de alta ocupación.
- Última prioridad: Vehículo privado con menores emisiones contaminantes y de GEI.
Además, la Ley busca integrar criterios de sostenibilidad en toda la inversión pública, exigiendo un riguroso “Análisis preliminar de rentabilidad socioambiental” (Art. 53) antes de ejecutar grandes proyectos de infraestructura estatal.
Digitalización e innovación
La Ley apuesta por la tecnología como herramienta esencial para la eficiencia y la transparencia. Dos patas para este pilar:
- El espacio de datos integrado de movilidad (EDIM): Una plataforma digital para que las administraciones públicas, operadores y gestores compartan datos sistematizados sobre la oferta, la demanda, la situación financiera y el inventario de infraestructuras de transporte. El EDIM tiene como finalidad facilitar la toma de decisiones basada en datos y aportar transparencia.
- El espacio controlado de pruebas: Un régimen jurídico específico para amparar y supervisar la realización controlada de proyectos piloto de innovación en movilidad. Este mecanismo promueve la colaboración público-privada sin imponer cargas administrativas innecesarias, y busca soluciones que supongan una mejora en la sostenibilidad o la eficiencia del sistema.
En el transporte de mercancías, la ley establece la digitalización obligatoria del documento de control (eCMR).
Gobernanza y financiación
Se crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible como el instrumento de cogobernanza para coordinar a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Este sistema se apoya en órganos consultivos y de cooperación como el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible.
En el ámbito financiero, el Estado introduce el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO), un mecanismo estructural para cofinanciar el servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros. Este fondo podrá financiar hasta el 25% de los costes operativos de los servicios declarados Obligación de Servicio Público (OSP). Los beneficiarios principales son municipios capitales de provincia o de comunidad autónoma, o aquellos con más de 50.000 habitantes (o más de 20.000 con dispersión urbana).
¿Cómo afecta a empresas, sociedad y administración?
La LMS distribuye responsabilidades y crea oportunidades y obligaciones para todos los grupos de interés, acelerando la transición hacia nuevos modelos de negocio y de vida.
Implicaciones para las empresas
Las empresas, especialmente las medianas y grandes, se ven obligadas a integrar la sostenibilidad en su operativa diaria.
- Planes de transporte sostenible al trabajo: Es la medida más directa. Las entidades públicas y empresas privadas con más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno en un centro deben implementar estos planes en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor. El objetivo es reducir el uso del coche privado en el trayecto laboral, impulsando el transporte colectivo, la movilidad activa, el carpooling o el teletrabajo. Las empresas de más de 1.000 trabajadores en grandes ciudades deben, además, aplicar medidas para reducir la movilidad en horas punta.
- Sector logístico: Debe afrontar la digitalización del documento de control (eCMR) en 10 meses desde la publicación de la ley, requiriendo inversión en tecnología de gestión de flotas. Además, el impulso al transporte ferroviario de mercancías (autopistas ferroviarias, bonificaciones en cánones) buscará un trasvase modal estratégico, que obligará a las empresas logísticas a operar con mayor intermodalidad.
- Oportunidades: El sector de la innovación y la tecnología se ve beneficiado por la creación del EDIM y el sandbox. Se espera un crecimiento de la demanda de servicios de movilidad urbana compartida (carsharing, patinetes) y de consultoría especializada en sostenibilidad.
Implicaciones para la sociedad y usuarios
La Ley busca que la ciudadanía experimente una mejora tangible en su calidad de vida y en sus opciones de desplazamiento.
- Mejoras en el transporte colectivo: La financiación estatal estable (FECMO) está destinada a aumentar la calidad, la frecuencia y la capilaridad del transporte público, incluyendo autobuses, metros y sistemas de bicicleta pública integrada. Esto busca reducir la dependencia del vehículo privado.
- Entornos urbanos más saludables: La priorización de la movilidad activa impulsa la creación de más carriles bici seguros, más zonas peatonales y la instalación de equipamientos para viandantes. Esto se traduce en ciudades menos contaminadas (reducción de contaminantes locales y ruido) y más seguras para peatones y ciclistas.
- Nuevas restricciones: La Ley refuerza las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones) y da herramientas a los ayuntamientos para establecer peajes urbanos para vehículos contaminantes, lo que podría suponer una carga económica o una limitación al acceso en vehículo privado a ciertas zonas.
Implicaciones para la administración
Todas las capas administrativas, estatal, autonómica y local, asumen nuevas responsabilidades de planificación y coordinación.
- Administración estatal: Lidera la gobernanza, impulsando el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible y el EDIM. Además, debe desarrollar la compleja reglamentación necesaria, como el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), en un plazo de 18 meses, y la metodología para evaluar el impacto socioambiental de las infraestructuras.
- Entidades locales (ayuntamientos): Tienen la obligación de elaborar (o actualizar) sus Planes de Movilidad Sostenible Urbana. Los municipios de más de 50.000 habitantes (y aquellos de más de 20.000 con alta contaminación) deben tener estos planes. Para los municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes se exige un plan simplificado. Esta planificación local es esencial para acceder a los fondos FECMO.
Análisis de pros y contras
La LMS genera amplio consenso en sus principios, pero su implementación enfrenta retos significativos que requieren un análisis crítico.
PROS: beneficios estratégicos | CONTRAS: riesgos y desafíos |
| Alineamiento con la UE: La Ley garantiza la llegada de 10.000 millones de euros de fondos NextGenerationEU y cumple con hitos del PRTR. | Riesgo de ser declaratoria: Muchos aspectos clave dependen de un extenso desarrollo reglamentario posterior (DOMOS, metodologías de evaluación, etc.), generando incertidumbre regulatoria y riesgo de inacción si falta voluntad política o presupuesto sostenido. |
| Eficiencia en la inversión pública: El requisito de realizar análisis de rentabilidad socioambiental (Art. 51, 53, 54) mejora la transparencia y el rigor técnico en la toma de decisiones sobre infraestructuras de competencia estatal. | Falta de ambición climática vinculante: Críticos lamentan que el texto final no incorporó objetivos explícitos y concretos de descarbonización en el articulado, sino que los remite al PNIEC, lo que minimiza la presión política en un sector clave para las emisiones. |
| Gobernanza colaborativa y datos abiertos: La creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible y el EDIM promueven la cooperación interadministrativa y facilitan la innovación y la gestión basada en datos. | Controversia ferroviaria: La enmienda que exige recuperar las indemnizaciones de Renfe por retrasos de 15 y 30 minutos genera un sobrecoste anual estimado de 42 millones de euros, lo que podría trasladarse a una subida de precios o afectar la sostenibilidad financiera del operador. |
| Impulso al sector empresarial: La digitalización obligatoria (eCMR) y los PSTS aceleran la modernización logística y corporativa, creando nuevos nichos de negocio en tecnología y servicios de movilidad sostenible. | Carga para las empresas: Los PSTS obligatorios implican una carga administrativa y económica para las empresas privadas (instalación de infraestructura, consultoría), que podría ser resistida o trasladada a los costes operativos. |
Conclusiones y alguna idea
La Ley de Movilidad Sostenible es un marco institucional y una declaración de intenciones corporativas. Crea los órganos (Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, DOMOS, IPEEM) y las herramientas (EDIM, PSTS) necesarias para una transición ecológica ambiciosa.
Sin embargo, para que esta ley se convierta en un verdadero motor de la Economía Circular, el éxito dependerá de la calidad y el rigor de su desarrollo reglamentario y de las políticas subsiguientes.
Algunas ideas que deberían acompañar en el viaje de los cambios que supone la Ley:
- Reforzar la vinculación climática: Es crucial que los desarrollos reglamentarios futuros doten a la LMS de los objetivos de descarbonización claros y vinculantes que se le han criticado en su fase de aprobación. La coherencia con el PNIEC debe ser total y medible.
- Transparencia en la rentabilidad socioambiental: Se debe asegurar que las metodologías de evaluación (APRS y Estudios de Rentabilidad) no solo calculen el impacto de las GEI, sino que integren rigurosamente el análisis del ciclo de vida (ALC) de los materiales en las infraestructuras. Esto garantizaría que las inversiones no solo sean eficientes en términos de servicio, sino circulares en términos de recursos y ecodiseño.
- Acelerar la digitalización logística: Es imprescindible garantizar que la digitalización (eCMR) se implemente de manera efectiva en el plazo estricto de diez meses para no comprometer la competitividad del sector, alineándose con los estándares europeos.
- Movilidad activa y proximidad: Las administraciones locales deben priorizar el urbanismo de proximidad, invirtiendo en redes cohesionadas y seguras para la bicicleta/ciclo y en la eliminación de barreras arquitectónicas, fomentando así una movilidad más saludable, inclusiva y menos dependiente del motor.
La LMS es la fundación. Ahora, el trabajo de todas las administraciones, empresas y ciudadanos debe ser construir sobre ella un sistema de movilidad verdaderamente circular, eficiente y resiliente.
